“El Estado debe brindar seguridad en las zonas que abandonó las FARC”, John Vervaele, docente de la Escuela de Posgrados
La Escuela de Posgrados se enorgullece de tener como uno de sus docentes a John Vervaele, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal. La semana pasada, en el marco de su conferencia Terrorismo y Derecho Penal Internacional, dictó su primera cátedra y su introducción fue una invitación para que nuestros estudiantes que se especializan en Derecho Penal estudien casos sobre crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y agresiones que afectan diversas comunidades en el mundo, por ejemplo.
Resumir el currículo del PhD. en Derecho John Vervaele no es fácil, sobre todo porque este abogado de la Universidad de Utrecht es Doctor Honoris Causa Múltiple, pero -en este caso- es importante anotar que es Maestro de Derecho con una mención especial en Criminología (MA) de la Universidad de Gante, que hace parte del Comité Científico de la Organización Mundial de Derecho Penal, ex vicepresidente de la Organización Mundial de Ciencias Forenses y docente en asignaturas relacionadas con el derecho penal europeo y el derecho penal económico y financiero, en universidades de Italia, España, Suiza, Bélgica, México, Estados Unidos y ahora en Colombia, en la Escuela de Posgrados de la Uniautónoma del Cauca.
Su conferencia llenó el auditorio La Quimera el pasado 9 de febrero. Entre otras cosas, habló sobre el actuar de los penalistas y del derecho penal en los actos denominados ‘terroristas’, cómo la ONU y legislaciones internacionales han abordado estas temáticas, por qué se ha extendido el terrorismo en Europa y se siguen poniendo en peligro los principios básicos del sistema penal en todo el mundo: “es que el derecho penal y su desarrollo están muy relacionados con la actualidad, por ejemplo en Colombia, con esto de la Justicia Penal Transicional, el derecho penal debería ser una asignatura obligatoria para todos los estudiantes de Derecho ¿no lo es?”, cuestiona riendo. Sin embargo, anota que los estudiantes de Derecho en Europa poco estudian casos de Latinoamérica y que sólo los que se especializan indagan en asuntos sobre derecho internacional público, derecho internacional penal y otros relacionados con la Corte Penal Internacional, entidad no ha tenido casos concretos en Latinoamérica pero trabaja muy activamente en África, por ejemplo.
Al preguntarle por su vida universitaria dice que tiene muchos proyectos de vida y que la docencia es apenas uno de ellos, aunque nunca pensó dedicarse de lleno a esta labor; ahora se pasea por universidades de todo el mundo hablando a los estudiantes sobre derecho y procedimientos penales, leyes económicas y medioambientales penales, derecho penal europeo, aplicación del Derecho de la Unión, normas de debida ley, salvaguardias procesales y derechos humanos, integración regional, Derecho penal y económico comparado, terrorismo y procedimiento penal…
Eso sí, eligió para sus investigaciones escenarios como ‘Terrorismo’ y ‘Conflicto’ por qué son tópicos amplios donde se pueden apreciar los límites. Y explica: “en el Derecho Penal se estudian tipos de peligro abstracto, y al ligarlo al ‘Terrorismo’ se aprende que en los actos de incriminación y penalización de conductas que no hacen daño concreto o directo -que son peligrosas sólo en la tipificación en abstracto y quizá apenas en la práctica sea ‘peligros en concreto sin consumación’- hay muchos debates fundamentales para pensar qué puede hacer el derecho penal, hasta qué límite es funcional”.
También configuró sus preferencias académicas con ejemplos actuales: “cuando se habla de terrorismo aparecen los debates y discusiones más importantes del derecho internacional humanitario y del conflicto armado basado en la legítima rebelión política. Mire, cuando entrevistan al presidente de Siria, Bashar al-Ásad, dice que no entiende a la comunidad internacional, porque él lucha contra terroristas y en vez de eso la comunidad internacional les ayuda… y es muy curioso porque en este mismo momento Estados Unidos y algunos países de Europa están bombardeando zonas donde supuestamente se asientan Isis y el Estado Islámico. Lo que no dice el presidente sirio es que ha tildado a todos los grupos en su contra -y a los de oposición pragmática- de ‘terroristas’. De esta manera los debates se hacen superlativos, para establecer quién tiene el legítimo derecho de rebelión política, quién es considerado terrorista, quién es la víctima y quién el victimario, porque están bombardeando clínicas y centros hospitalarios, haciéndole daño a los civiles y así no puede ser una rebelión. Bajo ninguna circunstancia”.
Su experiencia investigativa es contundente: durante cinco años fue investigador asistente en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Universidad de Amberes, e investigador principal en el Ministerio Belga de Justicia, hasta 1987, cuando se fue al Instituto Holandés de Investigación en Derecho Económico y Social de la Universidad de Utrecht. En 1988, esa institución lo nombró profesor adjunto en derecho penal y dos años más tarde en procedimiento penal. En 1991 obtuvo un subsidio del Consejo Holandés de Investigación Científica para fundar el Centro de Aplicación del Derecho Europeo de la Universidad de Utrecht y luego fue nombrado director de aplicación de la Ley de Integración Europea.
Vino por primera vez a Colombia en 1986, un año después que el M-19 hiciera “la toma” al Palacio de Justicia, precisamente a investigar qué pasó allí, porque perdió amigos en el evento. Sus amigos y familiares le recriminaron tildándolo de ‘loco’: “Colombia tenía fama de ser extremadamente peligroso, la gente no sabía mucho del país pero se le mostraba vencido por el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Ahora he venido más de 20 veces y en enero estuve en Bogotá y Medellín con 43 estudiantes de Holanda. Pocos años antes hubiera sido imposible, los padres no lo hubieran autorizado pero hoy, aunque todavía hay preocupaciones sobre la seguridad, la situación ha cambiado. Yo siempre me he sentido a gusto, pues vengo porque quiero” subraya, aclarando que en el mundo Colombia no es un país ligado al terrorismo sino al narcotráfico y al conflicto armado interno: “aunque uno no excluye al otro, que esta guerra interna haya durado más de 50 años es muy excepcional, además han participado paramilitares, guerrilleros y las Fuerzas Militares que también ha sido vinculada a actos terroristas. Aclaro que la responsabilidad del Estado puede ser positiva o negativa, porque debe tomar medidas para prevenir actos violentos, y perseguir y juzgar a los culpables, sin importar que sean del Estado o grupos armados ilegales”.
Precisamente porque ha visitado el país cafetero es que conoce su contexto. Y opina convencido, como un colombiano más, sobre uno de los temas más coyunturales de la historia nacional: los acuerdos de Paz en La Habana: “las negociaciones estaban lejos, del país y de las comunidades, y obviamente no hubo transparencia total porque es prudente guardar algunos secretos, más cuando se debe negociar delante de los medios de comunicación. Preocupante es que el Acuerdo se convirtió en un juego de poderes para las fuerzas políticas, que dejaron los contenidos del Plebiscito apenas como punta de partida para entrar en la dinámica del populismo manipulador. Pero legitimar un acto tan importante de transición para la población civil es positivo. El Acuerdo fue negociado bajo supervisión internacional y validado según el contexto constitucional democrático colombiano. La Corte Constitucional aprobó el proceso de Paz y ahora el Acuerdo. No era obligación del Gobierno realizar el plebiscito, se pudo pactar un acuerdo internacional y someterlo al Congreso. Acá se tomó otra decisión política y el Gobierno ha corregido para atender sus necesidades. No es ideal pero es legal y, aunque políticamente ha sufrido daños, tiene validez jurídica”.
Vervaele cree que hay que enfocarse en tres puntos clave para sacar adelante el Proceso de Paz con la guerrilla de las FARC: propender por la inserción política de las FARC (buscar una salida política es muy importante porque es parte de la solución), proteger a la población civil que habita las zonas donde estaban las FARC y vigilar muy bien el actuar de grupos paramilitares y de crimen organizado en dichas zonas. Según él: “las FARC deja zonas donde ha sido activo militarmente y, aunque han cometido delitos graves por los que deben responder ante la jurisdicción especial de Paz, estaban brindando protección a la población civil del territorio que ocupaban. Y esas poblaciones se sienten de alguna manera desamparadas. Le toca entonces al Estado brindar la seguridad que debió darle antes. Si no es capaz o no hay voluntad para hacerlo otros grupos armados criminales ocuparán y dominarán esos territorios a través de actos violentos. Entonces no es suficiente proteger a las FARC en sus zonas de concentración sino que se deben proteger a los civiles que han dejado atrás”, manifiesta sin rodeos, añadiendo que la labor del Estado colombiano, por muchos motivos y por características del territorio, era inexistente o muy ‘floja’: “los hechos lo demuestran, en algunos lugares de Colombia el Estado no existe, su labor es casi nula o está corrupta, por eso hay que trabajar para garantizar la seguridad y la protección de la vida, ofrecer servicios básicos, tranquilidad y orden, por ejemplo”.
Al preguntarle cómo ve a Colombia en materia de Derechos Humanos, responde que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mantiene vigilante de si en el país se respetan y que la Corte Penal Internacional ha venido observando la actuación gubernamental en los acuerdos de Paz, los asuntos sobre falsos positivos, actos violentos de guerrilleros, paramilitares y otros grupos armados: “en la Corte Interamericana de Justicia tienen quejas sobre Colombia: sobre masacres, lo ocurrido en la toma del Palacio, los falsos positivos y otros pendientes. La Corte Penal Internacional no tiene la obligación de abrir un caso y menos si consideran que Colombia trata esta materia de buena forma a nivel nacional, si investiga suficientemente los casos y los lleva a los tribunales”, termina.