Uniautónoma del Cauca contribuye a importante decisión de la Corte Constitucional en favor de los derechos de mujeres refugiadas y migrantes, en estado de gestación, con condiciones de salud complejas

El Programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional, adscrito al Consultorio Jurídico de Uniautónoma del Cauca, brindó un acompañamiento determinante en un caso que hoy representa un importante precedente nacional en materia de derechos humanos y protección a población refugiada y migrante.

Este proceso se desarrolló en el marco del convenio entre Uniautónoma del Cauca, la Corporación Opción Legal y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias a esta articulación interinstitucional, se conoció el caso de una mujer migrante gestante, que vive con VIH, quien había interpuesto una acción de tutela para la protección de su derecho a la salud, pero que fue puesto en conocimiento del Programa de Asistencia Legal en fase de revisión en Corte Constitucional.

El primer acompañamiento jurídico fue realizado por el coordinador del Nodo Suroccidente del Programa Nacional de Protección Internacional (PNPI), Gabriel Chica, quien emitió las respuestas iniciales solicitadas por la Corte Constitucional y posteriormente remitió el caso a la sede Popayán, informando a la Corte, por primera vez en este proceso, el diagnóstico de VIH positivo de la mujer. Una vez iniciado el semestre académico, Diana Marcela Oquendo Caquimbo, coordinadora local del Programa en Popayán, asignó el caso al estudiante Andrés Felipe Álvarez Ramos, quien, bajo su asesoría directa, asumió con compromiso y rigurosidad todas las gestiones jurídicas correspondientes.

El trabajo del estudiante incluyó la redacción y envío de memoriales, comunicaciones con el despacho de la Magistrada Ponente, contacto telefónico y seguimiento constante del estado del proceso, con el objetivo de alertar sobre la inminencia del parto y el alto riesgo de transmisión perinatal del VIH. Este acompañamiento integral buscaba garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de la madre migrante y su hijo por nacer.

Como resultado de esta intervención conjunta, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-213 de 2025, que representa un avance significativo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas con VIH: la Corte manifiesta la obligatoriedad del Estado, mediante las IPS, de brindar controles prenatales, atención en el parto y posparto y demás servicios requeridos por el embarazo. Asimismo, se debe brindar atención en salud de las personas migrantes, en situación migratoria irregular, que viven con VIH, pues este tratamiento es una garantía para preservar su salud y garantizar su vida.

Este fallo constituye un precedente relevante en materia de protección a población refugiada y migrante en Colombia. Además, evidencia el impacto del trabajo académico, jurídico y social que realiza Uniautónoma del Cauca a través de su Consultorio Jurídico, reafirmando el compromiso institucional con la formación integral de sus estudiantes y la transformación de realidades sociales desde el ejercicio del Derecho.